Simón Vargas Aguilar
Ante la crisis mayor participación empresarial y religiosa
La seguridad y la dignidad humana no espera y en México, innumerables familias han esperado demasiado. Todos debemos actuar en la medida de nuestras posibilidades.
En un país donde las heridas sociales no cicatrizan, la violencia deja familias incompletas, barrios en silencio y una confianza pública bastante lastimada, ocurrió algo que merece ser entendido como un hecho histórico, es así que el 29 de octubre de 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y representantes de distintas asociaciones religiosas firmaron la Declaratoria de Intención “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo”, como una respuesta civil y religiosa a la polarización, la impunidad y la pérdida de referentes que fracturan cotidianamente el tejido comunitario.
El documento emitido fue firmado por Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; el Rev. Cirilo Cruz Lázaro Vicepresidente de la Confraternidad Evangélica de México (CONEMEX), S.E.R Santiago de México Arzobispo Metropolitano del Arzobispado Ortodoxo Griego de México y el Lic. Alberto Romano Jafif Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México.
La Declaratoria contempla e impulsa iniciativas de formación, sensibilización y colaboración en empresas, universidades, familias y comunidades, busca convertir valores compartidos en herramientas prácticas que permitan a las personas resolver diferencias sin violencia, prevenir la exclusión y humanizar las relaciones cotidianas.
En las empresas, se propone un ambiente donde trabajadores y empleadores vivan esos valores enfocados en el desarrollo inclusivo, en las universidades, formación cívica e investigación que fortalezcan el carácter responsable y en las familias y comunidades, espacios de encuentro que reconozcan al otro antes de enfrentarlo.
Y es que mientras la criminalidad persiste con extorsiones que golpean a empresas y familias, desapariciones que superan las 132 mil personas, inseguridad en carreteras que amenaza cadenas de abasto y suministro y una percepción ciudadana de inseguridad que, aunque haya registrado alguna disminución, sigue afectando a más de la mitad de la población adulta, las acciones del gobierno han resultado insuficientes para contener la ola delictiva de manera estructural y sostenida.
La dignidad humana como eje central obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de país estamos dispuestos a construir cuando el Estado no basta? Esta alianza entre el sector empresarial y las asociaciones religiosas es una respuesta ciudadana a la insuficiencia gubernamental, porque mientras las autoridades sigan midiendo el éxito en comunicados y no en la seguridad real de las calles, de las carreteras y de las familias, la sociedad seguirá organizándose.
La Declaratoria “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo” es un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la responsabilidad individual y colectiva, porque nos recuerda que la paz se aprende y se practica todos los días, y nos deja también cuestionamientos porque si el Estado no ha tenido las acciones suficientes, ¿hasta cuándo seguiremos esperando que otros reconstruyan lo que nos corresponde defender a todos? La seguridad y la dignidad humana no espera y en México, innumerables familias han esperado demasiado. Todos debemos actuar en la medida de nuestras posibilidades.
Consultor en temas de seguridad, justicia, política, religión y educación.
