Simón Vargas Aguilar
Déficit en seguridad y justicia de la CDMX
La Ciudad de México no se gobierna con discursos sino con cuerpos de seguridad y con jueces comprometidos, pero habrá que reconocer que hoy ambos están al límite; y no menciono esto como una metáfora, es una realidad operativa que se percibe en la ciudad, y en las salas de los juzgados.
Mientras las autoridades celebran cifras de “disminución de la incidencia”, los policías acumulan turnos sin pago y los expedientes se almacenan en los juzgados, porque la impunidad se ha convertido en el resultado de una arquitectura institucional que pareciera diseñada para trabajar bajo un déficit permanente.
El eslabón más visible y el desgastado de esta cadena es la sobrecarga laboral y es que de acuerdo con datos de la ONU el estándar mínimo de referencia debería ser de al menos 2.8 policías por cada 1,000 habitantes como una cobertura fundamental para la prevención y reacción; sin embargo, México, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, opera con un promedio nacional cercano a 1 policía estatal por cada 1,000 habitantes y un promedio general que oscila entre 1.2 y 1.4 cuando se incluyen las corporaciones municipales, según la región, y la Ciudad de México (CDMX) cuenta con 9,159,966 habitantes y un estado de fuerza de aproximadamente de 90,044 elementos policiales incluyendo policía preventiva, proximidad social, reacción, tránsito, policía auxiliar y PBI, lo que equivale a una tasa de alrededor de 1.0 elemento por cada mil habitantes, o sea que se tiene un déficit de 1.8.
Desafortunadamente, la distancia entre lo que se necesita y lo que realmente existe no se ha reducido; en la Ciudad de México la situación es aún más severa y es que la densidad poblacional, la movilidad de millones de personas y la concentración de delitos de alto impacto convierten el déficit en una sobrecarga cotidiano.
Este exceso se traduce en jornadas que superan las horas legales, en descansos que se convierten en excepciones y en un burnout que ya no es individual, sino institucional porque innumerables policías llegan a su casa agotados, cubren ausencias de compañeros que renunciaron o que nunca se presentaron y saben que el siguiente turno puede ser tan largo como el anterior y que el pago de horas extras es una promesa que se diluye en la nómina.
Pero este cansancio se transforma en una menor capacidad de reacción, una disminución de la calidad del servicio y, en última instancia, de la legitimidad misma de la corporación, porque cuando un policía opera por debajo de los estándares mínimos de descanso deja de ser un garante y se convierte en un sobreviviente más del sistema.
Operativo policíaco CDMX. Foto: Cuarto Oscuro.
Valdría la pena preguntarnos ¿Por qué no llegan más elementos? Porque los salarios siguen siendo insuficientes frente al costo de vida de la capital y ante al riesgo real de la función, a lo anterior se suma el deterioro de la confianza institucional, no solo de la ciudadanía hacia la policía, sino de quienes podrían integrarse hacia las propias corporaciones. El miedo ya no es solo a la violencia de los grupos criminales; también lo es al abandono interno, a la falta de respaldo jurídico, a la posibilidad de convertirse en chivo expiatorio de un operativo fallido o de una denuncia que nunca se investiga con rigor. [nota manuscrita en rojo: “y cuerpo mismo relativos”]
Muchos jóvenes que podrían formar parte de las filas prefieren buscar otras opciones, antes que entrar a un sistema que les exige lealtad absoluta y les ofrece protección y compromisos relativos; la falta de personal no es solo un problema de presupuesto, es el resultado de una reputación institucional dañada que se retroalimenta a sí misma.
Pero no se trata sólo de los cuerpos de seguridad, el sistema de impartición de justicia ha sido gravemente perjudicado, diversos foros y organismos incluido la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) han señalado que el estándar óptimo se sitúa alrededor de los 18 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en nuestro país según datos del INEGI al cierre de 2024, se contaba con un promedio aproximado nacional de entre 3.7 y 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que indudablemente está muy por debajo de cualquier referencia internacional seria.
Esa escasez convierte la justicia en un proceso que se mide en años, los casos se acumulan, las audiencias se reprograman, las pruebas se diluyen y las víctimas aprenden, a fuerza de trámites, que denunciar puede significar revictimización sin resultado. Cuando un expediente tarda tanto que el agresor recupera libertad, cuando la víctima abandona el proceso por agotamiento o cuando la familia del desaparecido recibe respuestas dilatorias, la burocracia mata algo más que tiempo; mata la esperanza de que las instituciones respondan.
La impunidad no se sostiene solo por la corrupción o por la complicidad; se sostiene también por la simple imposibilidad de atender el volumen de asuntos con el número de jueces disponibles.
La Ciudad de México concentra ambos déficits de manera especialmente peligrosa, hoy se debe reconocer que el déficit de personal policial y judicial no es un problema administrativo menor, sino una decisión política que se ha normalizado. Aumentar salarios de forma real, reducir el riesgo institucional para quien se enlista, y ampliar de manera sostenida el número de jueces deberían ser condiciones mínimas de funcionamiento, mientras esto no se entienda la capital seguirá operando con guardianes cansados y con justicia de discurso.
Sígueme: @simon_vargas_a y @Simon Vargas Aguilar
*Analista en temas de seguridad, política y educación
